CONFLICTO DE INTERESES | Partido GEN



Stolbizer; “El gobierno no puede modificar una ley por decreto y menos cuando se refiere a las incompatibilidades de los funcionarios públicos que lo componen. Tampoco debería ser la Oficina Anticorrupción quien controle este tipo de conflictos, que requiere mayor autonomía.
Dialogar y construir consensos sigue siendo el camino para obtener la mejor legislación y definir políticas de estado en materia de transparencia”

14 de marzo. La diputada Margarita Stolbizer señaló que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para modificar por decreto la actual legislación referida a las incompatibilidades y los conflictos de intereses de los funcionarios públicos. E insistió con su proyecto de modificación a la Ley de Ética Pública como una iniciativa más integral que regula los conflictos de intereses y también retoma exigencias en materia de declaraciones juradas de los funcionarios que fueron derogadas por el kirchnerismo agregando nuevas.

Para la diputada, la autoridad de aplicación de las normas anticorrupción debe ser autónoma del Poder ejecutivo. “Necesitan reconstruir credibilidad”.
Si bien la norma sobre contrataciones del estado necesita cambios, éstos deben ser mucho más profundos y con requisitos más exigentes. Idem para el tema conflicto de intereses. Los requisitos que propone el oficialismo no son suficientes.

“Hay que tener un mecanismo preventivo para evitar los conflictos y un protocolo de actuación y es necesario sancionar una ley de fideicomiso ciego. Y también una reforma sobre el sistema de declaraciones juradas”.
En su proyecto, Stolbizer propone que en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos queden visibles sus vínculos entre el sector público y el sector privado y que se incluya a integrantes de los tres poderes del estado y a los familiares. También que se visibilice la evolución patrimonial y se comprenda a los familiares. El proyecto es una reforma profunda a la ley de ética pública que asimismo busca cambiar la norma sobre conflictos de intereses.
“Tenemos que crear marcos legales adecuados que permitan erradicar las condiciones que favorecen la corrupción”, expresó la diputada Margarita Stolbizer.
“El político que no esté dispuesto a que sus cuentas, su vida y sus sociedades sean transparentes y puedan ser sometidas al control social y legal, es mejor que se dedique a otra cosa. No puede haber secreto fiscal ni de ningún tipo para los funcionarios públicos”.
Para Stolbizer hay que modificar el tratamiento de los conflictos de intereses, que generan la confusión de empresarios devenidos en funcionarios y políticos que pasan sin intervalos a ser Ceos de empresas relacionadas con el estado.
El mismo proyecto de Stolbizer incluye reformas a las declaraciones juradas y a los conflictos de intereses. Lo que impulsa es amplia respecto a las personas obligadas y la información que obligatoriamente deberá incluirse en las declaraciones juradas, comprendiendo a los tres poderes del estado y a los familiares de los obligados.

STOLBIZER TAMBIEN ES AUTORA DE UN PROYECTO PARA CREAR EL CONTRATO DE FIDEICOMISO CIEGO QUE DEBERIA SER OBLIGATORIO PARA DETERMINADOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL PARA EVITAR QUE EN LA ADMINISTRACION DE SUS PROPIOS PATRIMONIOS PUDIERAN OBTENER BENEFICIOS COMO RESULTADO DE LOS LUGARES DE PODER Y ACCESO A LA INFORMACION PRIVILEGIADA CON QUE CUENTAN. Y otros proyectos sobre la prohibición a los funcionarios de tener negocios en empresas of shore, y la eliminación del secreto fiscal con relación a los funcionarios públicos que no podrían oponerlo para impedir que se acceda a la información sobre su patrimonio.

“El oficialismo abandonó en la segunda mitad del año pasado su diálogo con la oposición para pasar a una estrategia de confrontación inútil para polarizar. Es un mal camino. Deberían retomar la convivencia que existió durante los primeros meses. Porque todas las leyes que se aprobaron fueron mejoradas respecto de los proyectos a partir del diálogo y la cooperación de los bloques de oposición. En esta materia es crucial que el resultado esperado se asuma por consenso porque también es una forma de que todos estemos comprometidos en la adopción de los estándares de transparencia que la Argentina necesita”.

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