La formación superior y los títulos habilitantes. Competencias – por Mapuche Vazquez



La ley de Educación Superior 24.521 ha sido una ley muy debatida. Su sanción ha sido testigo de los debates más encarnizados entre quienes venimos de una tradición reformista y defensora de la educación pública, y aquellos que venían con espíritu privatizador, que gobernaban con el Presidente Menem. Fue una reedición, en otro contexto histórico, de la discusión entre la libre y la laica. Se debatía el rol del Estado, el de las universidades, la gratuidad de la educación pública, el cupo para el ingreso, los exámenes de ingreso eliminatorios, etc. Todas discusiones de naturaleza filosófico – políticas.
No es casual que la ley en su segundo párrafo declare “ El Estado nacional, las provincias y la CABA, tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal (…)”.
La nueva Constitución Nacional había sido recientemente sancionada y en virtud de núcleo de coincidencia básicas, Alfonsín había sido cuidadoso de garantizar determinados conceptos. La Constitución establece en su artículo 75 inc. 19 que al Congreso le compete “sancionar leyes (…) que garanticen la gratuidad y la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades”.
Los términos de ley, no han sido puestos al azar, sino que son producto de una profunda discusión social. En la ley se reglamenta el funcionamiento y la competencia de las universidades e institutos universitarios estatales o privados de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Bs. As., integrantes del Sistema Educativo Nacional.
Esta breve introducción al tema, sirve para dimensionar lo que tocamos cuando hablamos sobre la competencia para otorgar títulos académicos habilitantes, en horas en que el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires anuncia que “propondrá una habilitación diferente a la actual para ejercer la abogacía en el ámbito provincial,

complementaria a la del título académico propiamente dicho que otorgan las universidades. Concretamente, se habla de una capacitación obligatoria para cada profesional, con examen incluido, antes de que reciba la matrícula habilitante”. (afirmaciones de diario El Día).
Estas afirmaciones, entiendo son desatinadas desde los jurídico y desde los político.
Desde los jurídico:
La Ley de Educación Superior es muy clara en todo lo relacionado a la competencia de las
instituciones universitarias.
En su artículo 29 establece el alcance de la autonomía de las universidades y en su inciso F) se enuncia que entre las facultades de las universidades está “Otorgar grados académicos y títulos habilitantes conforme las condiciones que se establecen en la
presente ley”.
La ley establece en un “Régimen de Títulos”:
“ ARTICULO 40. — Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de magister y doctor, los que deberán ser expedidos en un plazo no mayor a los ciento veinte días corridos contados a partir del inicio del trámite de solicitud de título.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.002 B.O. 5/1/2005).
ARTICULO 41. — El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez nacional.
ARTICULO 42. — Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales títulos

certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades.
ARTICULO 43.— Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés publico poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos:
a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación practica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades:
b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas.
El Ministerio de Cultura y Educación determinara con criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos”.
En lo que respecta al tema de habilitación para el ejercicio profesional creo que la ley es clara, en relación a la competencia exclusiva de las instituciones universitarias que pertenecen al Sistema Universitario Nacional.

Las Provincias no tienen competencia para evaluar la capacidades profesionales de los egresados de las universidades y menos para disponer una capacitación obligatoria para el ejercicio profesional de la abogacía.
Hacer ello implica desconocer las competencias de las universidades y al mismo tiempo arrogarse la facultad de instruir para habilitar al ejercicio profesional de la Abogacía, sin participar del Sistema Universitario Nacional. Competencia que no tiene. La administración se rige por el principio de vinculatoriedad positiva, a diferencia de la persona humana, que puede hacer todo lo que no le está prohibido, el Estado puede hacer solo lo que le está permitido por una norma en forma expresa o razonablemente implícita.
La ley en su artículo 42 reserva para las provincias el poder de policía sobre las profesiones que se ejercen en ella. El término, otorga a las provincias la facultad de ejercer un control formal de determinadas profesiones, función que la provincia ha delegado en entes públicos no estatales. Los Colegios Profesionales. El control al que están facultados las provincias es de controlar los aspectos formales. Por ejemplo que los mismos posean títulos universitarios emitidos regularmente.
Comparto que el término “Poder de Policía” no es del todo feliz, ya que el concepto se refiere a una facultad de índole legislativa y debió haber dicho “actividad de policía o facultades de control formal”, pero de ninguna manera puede entenderse que el término otorgue una competencia a las provincias para condicionar la habilitación de un título expedido por una Universidad Pública o Privada.
Ricardo Vazquez – Abogado

Share Button



Source link